¿Por qué las ONGO son una amenaza para la democracia?
Moisés Naím / El País
La Federación de Asuntos de la Mujer de Myanmar es una ONGO. También lo son Nashi, un grupo juvenil ruso, y la Organización de Derechos Humanos de Sudán. La Asociación de Organizaciones No Comerciales y No Gubernamentales de Kirguizistán, igual que Chongryon, la Asociación General de Residentes Coreanos en Japón son ONGO. Las ONGO están brotando en todas partes; están en China, Cuba, Francia, Túnez y Estados Unidos.
Las ONGO son Organizaciones No Gubernamentales controladas por el Gobierno. Tras este trabalenguas contradictorio y casi risible se encuentra una tendencia mundial, cada vez más extendida, que merece la pena estudiar con más detalle: hay gobiernos que financian y controlan organizaciones no gubernamentales (ONG), muchas veces a escondidas.
Algunas ONGO son beneficiosas y otras irrelevantes. Pero muchas, incluidas las que he mencionado, son peligrosas. Algunas son el brazo intimidatorio de gobiernos represivos. Otras aprovechan las prácticas democráticas para socavar sutilmente la democracia en su país. Cuando operan fuera de su país, las ONGO de regímenes represivos presionan a Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, muchas veces haciéndose pasar por representantes de la "sociedad civil" con nobles objetivos cuando, en realidad, no son más que agentes de los Gobiernos que las subvencionan. Algunos gobiernos arraigan sus ONGO muy adentro de las sociedades de otros países y las utilizan para promover sus intereses.
Es lo que ocurre, por ejemplo, con Chongryon, un vasto grupo de organizaciones "de la sociedad civil", favorables a Corea del Norte, que opera en Japón y que es, de facto, el representante del régimen norcoreano. Las autoridades japonesas han acusado a varias de las organizaciones en él incluidas de llevar a cabo contrabando de tecnología armamentística, tráfico de productos farmacéuticos y desvío de cientos de millones de dólares, además de orquestar una operación masiva de propaganda a favor del tirano de Pyongyang.
Desde hace muchos años, diversos grupos "de la sociedad civil" de distintos países defienden con estridencia en reuniones de la ONU la actuación de Cuba en materia de derechos humanos y contribuyen sistemáticamente a tratar de suavizar las resoluciones sobre las brutales violaciones de los derechos en la isla. Los Círculos Bolivarianos, grupos de ciudadanos que apoyan al presidente venezolano Hugo Chávez, están extendiéndose por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. ¿Quién los financia? Adivine. Irán, Arabia Saudí y otros gobiernos ricos de Oriente Próximo son famosos por su generosidad como benefactores -a veces, los únicos- de ONG dedicadas a promover sus intereses religiosos en todo el mundo.
Pero las ONGO más peligrosas son las que se implantan en su propio país. Se han convertido en el instrumento favorito de los gobiernos no democráticos para controlar su política nacional sin dejar de parecer demócratas. En muchos países de la antigua Unión Soviética, las ONG financiadas por los gobiernos están marginando y confundiendo las voces de la sociedad civil legítima. En Kirguizistán, por ejemplo, la Asociación de Organizaciones no Comerciales y No Gubernamentales es una entusiasta admiradora del ex presidente Askar Akáyev. En 2003 organizó una recogida de firmas para exhortar a Akáyev, que llevaba en el poder desde 1991, que continuara en la presidencia. Del mismo modo que la Federación de Asuntos de la Mujer de Myanmar critica duramente a Aung San Suu Kyi, la dirigente de la oposición y premio Nobel de la Paz que ha pasado gran parte de los últimos 18 años sometida a arresto domiciliario. La federación está encabezada por las esposas de los generales que dirigen la junta militar birmana. En Cuba, Venezuela, Bolivia o Ecuador los "grupos ciudadanos" que con regularidad terminan apaleando las marchas de la oposición son en realidad sino apéndices del Gobierno.
Los gobiernos democráticos también tienen sus ONGO. En Estados Unidos, el Fondo Nacional para la Democracia (NED, en sus siglas en inglés) es una organización privada sin ánimo de lucro creada en 1983 para fortalecer las instituciones democráticas en todo el mundo mediante una actuación independiente de los gobiernos. Pero además es una ONGO financiada por el Gobierno de Estados Unidos. En varios países, recibir dinero de NED es un delito. El Gobierno del presidente Vladímir Putin ha denunciado el apoyo a la reforma política que prestan grupos extranjeros como NED y lo ha calificado de subversivo y antiruso. Un periódico chino calificó la promoción de la democracia sostenida por Estados Unidos de "interesada, coactiva e inmoral".
En aras de la transparencia es indispensable aclarar que pertenezco a la junta directiva de NED. Por consiguiente, no comparto la opinión de que sus actividades son delictivas, inmorales o un instrumento de la Casa Blanca. Me consta que los programas, decisiones, fuentes de ingresos y gastos son transparentes, y sus consejeros, que no están remunerados, son independientes.
Pero ¿por qué creerme?
Lo ideal sería que existiera una fuente independiente y fidedigna que nos ayudara a determinar si NED y otras ONGO, por ejemplo financiadas por el Gobierno canadiense o el holandés, pertenecen a la misma categoría que Chongryon o Nashi. El mundo necesita un sistema de clasificación para las ONG que ayude al desarrollo de grupos de la sociedad civil tanto como los organismos independientes de clasificación crediticia facilitan el funcionamiento del sistema financiero mundial. Dichos organismos desempeñan un papel indispensable al suministrar a quienes va a prestar o invertir datos objetivos y confiables sobre la situación económica de empresas, organismos gubernamentales e individuos. Estas valoraciones independientes y profesionales de la capacidad de crédito de los prestatarios permiten que millones de transacciones se hagan de forma más rápida, eficiente y barata. Así quienes prestan pueden decidir con base en la información que les permite diferenciar a una empresa que siempre cumple con sus obligaciones de otra que sólo paga sus deudas cuando un tribunal se lo ordena.
Algo parecido necesitamos para el mundo de las ONG. Instituciones especializadas podrían ofrecer datos objetivos sobre los patrocinadores, la independencia, los objetivos y el historial de las ONG. La globalización y la eficacia de las organizaciones no gubernamentales sufrirán si no encontramos métodos fiables para distinguir entre las organizaciones que representan a la sociedad civil democrática y las que son instrumentos de gobiernos anticiviles y antidemocráticos. Esos organismos de clasificación ayudarían a los donantes y los ciudadanos a decidir a quién contribuir y a quién creer. Y les complicarían la vida a los gobernantes que usan a las ONGO para disfrazarse de demócratas.